La petición del Gobierno central para cerrar las costosas ‘embajadas’ de las comunidades autónomas en el exterior parece haber caído en saco roto. Al menos en parte. Hasta el momento solo Castilla y León, La Rioja y la Comunidad Valenciana han atendido la recomendación del Ejecutivo para sumar sus medios a los de las legaciones estatales. A estas regiones podría sumarse próximamente Galicia, mientras que Aragón y Navarra han mostrado cierto interés. Aun así, siguen siendo mayoría las que no se plantean hacer recortes en este apartado. En concreto, País Vasco y Cataluña han sido las más reacias a acometer cualquier ajuste que afecte a su derecho para autorrepresentarse en otros países.

Las regiones mantienen a día de hoy 166 oficinas de este tipo en el extranjero, repartidas por más de una treintena de países, según los últimos datos facilitados por el ministerio de Asuntos Exteriores. El caso más gráfico es el de la capital política de la Unión Europea. Bruselas llegó a contar antes de la crisis con hasta 15 oficinas diplomáticas, una nacional y otras 14 pertenecientes a comunidades autónomas. Otro caso significativo es el de Miami, que suma hasta siete delegaciones regionales.

En tiempos de bonanza la mayoría de los ejecutivos autónomos optó por dirigir ellos mismos su representación exterior en los principales puntos del planeta. Incluso en enclaves a priori secundarios como Singapur, Sidney o Dubai. El Ministerio de Asuntos Exteriores poco puede hacer ante la resistencia de las regiones a desandar el camino. Tiene las manos atadas por la propia Constitución. Así lo explicó en el Congreso el pasado miércoles el titular del ramo, José Manuel García-Margallo, ante una interpelación de UPyD en la que se censuraba que se recortara presupuesto en sanidad y no en estas legaciones. García-Margallo aludió a la sentencia del Tribunal Constitucional que reconoce a las comunidades la potestad de establecer representaciones en el exterior aunque el ministro reconoció aun así que «no le gusta la idea» de que cada comunidad desempeñe su representación internacional. El titular de Exteriores anima a potenciar sinergias y ofrece que las regiones usen las delegaciones nacionales para fomentar sus intereses. Sostiene, además, que en estas podrán disponer del asesoramiento de los especialistas del Estado destinados a los países en cuestión. «Supone reducir costes, como en alquileres por ejemplo, a la vez que se amplían las funciones de las embajadas, consulados u oficinas consulares de España», mantiene.


Absoluto descontrol

La diputada de UPyD Irene Lozano destaca el absoluto descontrol que existe sobre el número de oficinas autonómicas en el exterior y el coste económico que suponen. «Desde nuestra formación hemos intentado encontrar esta información, pero es que existe tal maraña en torno a estas organizaciones que es imposible recopilar los datos», explica Lozano. En 2010 el Partido Popular cifró el gasto en 150 millones de euros. Sin embargo, a día de hoy, algunas fuentes lo elevan hasta los 400. «Existe una opacidad deliberada para que no se llegue a saber cuánto cuestan», denuncia la diputada.

En el caso de Cataluña hay cinco delegaciones de Gobierno situadas en Nueva York, Berlín, Bruselas, París y Londres. A ellas se suman 33 centros de promoción de negocios y 10 oficinas de promoción del turismo. El presidente de la Generalitat fue de los primeros en rechazar la propuesta del ministerio para unir esfuerzos. Su presidente, Artur Mas, considera estas delegaciones fundamentales para la promoción económica y cultural de Cataluña. «Colaborar, sí; subsumirnos, no», afirmó Mas tras recibir la invitación de García-Margallo.

Andalucía es la segunda comunidad con más presencia institucional en el extranjero, con 23 delegaciones situadas en lugares como Luanda, Kiev o Nueva Delhi. Su coste es superior a los 3 millones.

En tiempos de crisis cualquier ahorro siempre es bienvenido. Sin embargo algunas regiones desconfían de que el Ejecutivo central sepa defender sus intereses autonómicos. Simplemente, prefieren hacerlo ellas mismas.


VIA | La Verdad