Panamá amenaza con quedarse la fianza con que España avaló a Sacyr

Panamá prepara ya un plan B para terminar la ampliación del canal, que implica contratar a otro constructor y quedarse con la fianza avalada por el Estado español. La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) amenaza con activar ya el mecanismo que le permite embolsarse los 150 mirrones de euros cubiertos por la empresa pública española CESCE, por si Sacyr no cumplía.

El administrador de la ACP, Jorge Quijano, ha convocado para el próximo lunes a la compañía internacional aseguradora Zurich para analizar, entre otras fórmulas, la ejecución de las fianzas y utilizar ese dinero para pagar a un nuevo constructor que concluya la ampliación del Canal de Panamá.

Zurich es la aseguradora que formalmente emite las fianzas, pero los responsables de aportarlas son Cesce y sus compañías homólogas en Italia y Bélgica, puesto que las constructoras de esos países, Impregilo y Jan de Nul, acompañaron a Sacyr en el consorcio que consiguió la adjudicación del magno proyecto en 2009.

Según el informe del Tribunal de Cuentas, a Cesce le corresponde 150 millones de euros en caso de que el consorcio no culmine el trabajo previsto. Y eso es posible. «Si no aceptan nuestras propuestas, Panamá no tendrá nuevo canal», amenazó el pasado miércoles el grupo italiano.

Quijano, rechaza la petición italiana de pagar 1.000 millones de dólares (735 millones de euros) adicionales a los presupuestados, quiere activar ya el mecanismo de defensa. La ministra de Fomento, Ana PAstor, declaro el pasado Jueves que el estado, no aportará fondos públicos, pero el citado informe del Tribunal de Cuentas no lo zanja y considera que la actuación de Cesce fue irregular, porque asumió la fianza sin cumplir las condiciones «obligatorias». Teóricamente y en un procedimiento inusual, según el Tribunal, Cesce tiene firmado un documento con Sacyr en el que la constructora se compromete a devolver al grupo público posteriormente el dinero de la indemnización. Pero el órgano fiscalizador señaló en su informe que «aún no se puede determinar la trascendencia económica para el Estado» y aconsejó a la aseguradora pública analizar «la situación económico financiera» de las empresas antes de garantizarles fianzas.

Por su parte, fuentes del consorcio que lidera Sacyr insistieron ayer en que aún existe un cauce para el diálogo y confianza en alcanzar un acuerdo para terminar la obra sin que dé lugar a ninguna medida alternativa

Quijano, que está aprovechando la situación para jugar fuerte, recalcó ante diputados del Parlamento panameño, según Efe, que no tendrá «ningún reparo» en asumir lo que queda del proyecto con algún otro contratista si no se llega a ningún acuerdo con el consorcio actual llamado Grupo Unidos por el Canal (GUPC).

La situación actual es que el consorciosolicita hasta 1.000 millones de dolares extra y la ACP lo rechaza apenas dos días después de la mediación de la ministra de Fomento, que intentó dejar la capital panameña con el conflicto encauzado. Fuentes gubernamentales lamentaron la deriva de la situación y señalaron que Pastor «ha hecho ya todo lo que ha podido» y que aún cree en el acuerdo.

La ministra aseguró que el pacto era delimitar las reivindicaciones en el marco del contrato suscrito en la adjudicación. Sin embargo, según Quijano, las exigencias de Impregilo «están fuera del contrato».

«Las partes están condenadas a entenderse», apunta una fuente inmersa en la negociación. El propio grupo italiano pronostica un retraso espectacular en la obra si Quijano cumpliera su amenaza de optar por otro contratista.

Por día, este conflicto nos sigue dando noticia y por supuesto también tema de debate.

Condenados a entenderse? quizás, pero a este conflicto le quedan aun muchos capítulos para que por fin… todo se solucione.