Seguros D&O

Durante los siguientes cuatro años desde el cese efectivo de su actividad los administradores pueden ser demandados por un tercero perjudicado por daños causados en el desempeño de sus funciones o por deudas de la sociedad si incumplen la obligación de solicitar el concurso, liquidar la sociedad o restablecer su equilibrio patrimonial.

Esta responsabilidad puede ser exigida por la propia sociedad, por los socios o por terceros acreedores. Se trata de las llamadas acciones sociales y acciones individuales de responsabilidad contra los administradores. Son acciones por daños que presentan ciertas particularidades en cuanto a legitimización y plazo para su ejercicio, pero son similares a las acciones por responsabilidad contractual, por tanto sus requisitos son los mismos: acción u omisión culposa, antijurídica y que causa un daño evaluable económicamente.

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También responden en determinados casos de deudas de la sociedad cuando incumplen obligaciones legales que imponen el deber de solicitar el concurso o de liquidar la sociedad. Los administradores que en los cortos plazos marcados por la ley no soliciten el concurso, no liquiden la empresa o no repongan el patrimonio pueden ser declarados responsables de parte de las deudas sociales.

Todas estas acciones de responsabilidad por daños o responsabilidad por deudas tienen un plazo de prescripción de cuatro años a contar desde que se haya inscrito el cese como administrador o desde que se haya tomado nota de la caducidad de tal nombramiento en el registro mercantil.

Estos riesgos de los administradores pueden cubrirse mediante un seguro de D&O, que incluyen también a los directivos no administradores, ya que en la práctica las demandas de responsabilidad se formulan contra todos conjuntamente.

Estas pólizas presentan ciertos rasgos particulares que conviene tener en cuenta a la hora de contratarlas. Por norma general cubren reclamaciones formuladas dentro del periodo del seguro por actos incorrectos ocurridos durante ese tiempo.

Quedan excluidos los daños por acciones y omisiones dolosas, fraudulentas o constitutivas de delito. El seguro tiene normalmente un periodo de vigencia anual entre la fecha de efecto de la póliza y la fecha de su vencimiento. Las pólizas contienen una lista de exclusiones que descartara de la cobertura además de las conductas dolosas, fraudulentas o delictivas, las responsabilidades por infracciones tributarias y multas de cualquier clase. Según la dirección General de Seguros las multas no son asegurables.

Ademas de la prestación de fianzas también protegen el patrimonio personal de los administradores y directivos.

Los riesgos asumidos por el administrador es, en líneas generales, el siguiente:

  • En principio, la declaración de concurso no trae consigo un examen especial de la responsabilidad de los administradores por el hecho mismo de que la sociedad se encuentre sometida al proceso judicial. En su caso le podrán ser aplicadas las normas generales que se han visto con anterioridad, aunque moduladas por la situación procesal de la sociedad. En este estado actual de la legislación, es compatible el ejercicio de acciones contra los administradores con el concurso de la sociedad.
  • Pero el principio anterior está convirtiéndose en la excepción y no en la regla. La responsabilidad de los administradores se examina en la llamada “sección de calificación”, que solo se abre cuando la sociedad va a liquidarse o se aprueba un convenio particularmente gravoso con los acreedores. Comprobado que más del 90% de los concursos declarados en España terminan con la liquidación del patrimonio, se entenderá que cualquier administrador debe estar preparado para afrontar si en el desarrollo de su cargo ha contribuido, de forma dolosa o gravemente culpable, a la generación o agravamiento del estado de insolvencia.
  • Es preciso tener en cuenta que tal examen no afectara solo a quienes ocupen el cargo en el momento de la declaración del concurso, sino a aquellos que lo hayan desempeñado en los dos años anteriores a esa fecha. Razón por la que es importante comprobar que una vez se abandone el cargo se inscriba el cese cuanto antes en el registro mercantil, si la relación de administración termina por dimisión el propio interesado está legitimado para hacerlo.
  • Los supuestos configurados por la ley de actuación dolosa o gravemente negligente no están siempre bien definidos ni resultan tan infrecuentes en el desempeño de la administración. En líneas generales hay que prestar atención a las irregularidades contables graves, a la salida fraudulenta de bienes desde el patrimonio de la sociedad, a la falta de colaboración con la administración concursal una vez iniciado el procedimiento y al retraso en la solicitud de concurso.zona empresarial
  • Las consecuencias patrimoniales de la consideración del concurso como culpable resultan muy graves para el administrador, a quien se puede condenar al pago del fallido concursal y a quien se condenara necesariamente a una inhabilitación que le impedirá, durante un periodo de entre dos y cinco años, no solo administrar una sociedad, sino cualquier patrimonio. Esta condena puede suponer el fin de la vida profesional del administrador.

La prestación de fianzas aparece habitualmente como un riesgo asegurado tanto en las pólizas de seguro de la responsabilidad civil general como en las específicas de responsabilidad civil empresarial, responsabilidad civil derivada del uso del automóvil y responsabilidad civil de administradores y directivos. También se contiene en el seguro de defensa jurídica.

La imposición de fianzas en los procedimientos civiles no es frecuente. Suele darse, sin embargo, en aquellos en los que la parte demandante solicita la adopción de medidas cautelares para garantizar la efectividad de la sentencia que en su momento se dicte y el juez las impone como contragarantía para responder de los perjuicios causados a la otra parte por la medida cautelar.

Ores y Bryan