Son avales, requeridos por un ente público, dirigidos a desmantelar un proyecto de energía renovable una vez finalizado su uso con el fin de restaurar dichos terrenos renovables.  El importe exigido puede variar de una comunidad a otra, fijándose en cualquier caso una cantidad por KWP.

 

El aval de desmantelamiento lo reclama la Administración cuando se obtiene la resolución favorable de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y se ha recibido la Autorización Administrativa previa.

 

Se entrega en la Caja de Depósitos de Avales de cada provincia, y se debe formalizar junto con la entrega del Proyecto de Ejecución en la delegación provincial de industria de cada provincia, es decir, se entrega el Proyecto de Ejecución + Resguardo de Aval de Reconstitución de Terrenos para poder solicitar la Autorización Administrativa del Proyecto.

 

El tiempo que debe estar, como mínimo, operativo es hasta que se desmantele por completo la instalación y el cese de la actividad de venta de energía, por lo tanto, a priori, se estiman como mínimo 35 años.

 

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